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El Economista, 9 de agosto 2006
 


TRES MESES DESPUÉS HABLAN LOS AFECTADOS DE FORUM FILATÉLICO Y AFINSA

Cristina Caballero/Fernando Pastor

Las víctimas de la estafa filatélica piden no caer en el olvido. Miles de ellos siguen sin saber adonde dirigirse cuando se cumplen 90 días desde la intervención.

Silencio. Silencio y olvido. Es lo que más temen los miles de afectados del escándalo filatélico que afectó a Afinsa y Fórum. Hoy, justo tres meses después de la intervención judicial de ambas empresas, los casi 400.000 clientes siguen movilizándose para no caer en el abandono de la Administración. Quieren recuperar su dinero, quieren información, asistencia, respuestas. Pero sienten que tienen las puertas cerradas. Y su única forma de protestar es contar sus casos.

En este periódico se reciben cada día decenas de mensajes de correo electrónico, llamadas y cartas de afectados que piden un sitio donde expresarse. Cuentan sus historias, algunas bastante dramáticas, y piden justicia.

Encarna (nombre ficticio), ama de casa, pensó con su marido taxista en una jubilación de lujo: invertirían todo el dinero que obtuvieran de la venta del taxi en Afinsa, y vivirían con los intereses que les reportara. Así lo hicieron durante tres años. Hasta que un mes antes de la intervención, el marido de Encarna falleció y ella quedó como beneficiaria de los contratos. Ahora no recibe ningún ingreso, ha tenido que vender el piso e irse a vivir con sus familiares.

María Luisa, de Valladolid, era asesora de Fórum Filatélico, autónoma del régimen general. Además, todos sus ahorros los tenía invertidos en la empresa filatélica. "Me he quedado sin nada, donde vivo no es de mi propiedad, me puedo ver en la calle en cualquier momento", cuenta en su carta. "Estoy enferma, ya que sufrí un infarto de miocardio hace dos años. En esta penosa situación, con 57 años, sin poder trabajar y tener que vivir de la caridad, es muy lamentable. ¿Qué haría usted en mi situación?".

Mateo Fernández, con invalidez total y a punto de cumplir 50 años, ha perdido no sólo sus ahorros, sino los de sus hijas, a las que convenció para invertir en Fórum. "Cobro 465 euros de pensión y nadie sabe explicarme qué debo hacer, a quién debo denunciar y lo más importante: dónde están mis derechos como consumidor, como trabajador y como padre".

Desconfianza
Son tres afectados entre un mar de casos. Lo que más echan de menos es asesoramiento. De las asociaciones de consumidores subvencionadas por el Gobierno no se fían. De hecho, tres meses después de la intervención, sólo hay apuntados unos 100.000 clientes entre las dos empresas, de un total de 400.000. ¿Qué pasa con el resto? Reyes Pérez Verde, que es uno de los promotores de la Plataforma Blanca de Afinsa, creada por los propios afectados, cree que el problema es el ánimo de lucro que demuestran muchas de estas asociaciones. "Han cobrado dos millones de euros del Estado y dicen que es para la defensa de los asociados. ¿Pero por qué entonces algunas cobran a los clientes 40 euros anuales?", se pregunta.
Además, duda de su independencia, al estar subvencionadas por el Gobierno. "¿Con qué moral se atreven a ofrecer la defensa de los perjudicados cuando anuncian que en 1993 sabían la deficiencia jurídica de la actividad, pero no lo denunciaron ante los organismos correspondientes?"
Ahora, la Plataforma Blanca y otras tres más (dos de ellas de Fórum) han conseguido que la Comunidad de Madrid les ceda un local donde reunirse e informar a todo aquél que necesite asesoramiento. "Gratis, por supuesto", puntualiza Reyes. La oficina, en la calle Bárbara de Braganza número 8, comenzará a funcionar hoy mismo.
Pero los afectados se quejan amargamente de la desprotección del Gobierno central. Álvaro García, inversor de Fórum desde hace 21 años y miembro de la Plataforma de Afectados "Defendiendo lo Nuestro", cree que en la intervención no se ha cuidado a los clientes. "Se supone que se cerró la empresa para protegernos, pero nos sentimos totalmente desprotegidos, desinformados. El Gobierno habló al principio de ayudas y ahora calla, ni siquiera da asistencia".
Lejos de considerar el tema cerrado y pendiente de que el proceso judicial avance, en el Ministerio de Economía se mantiene una gran preocupación por la crisis de los sellos. Los técnicos del equipo de Pedro Solbes preparan para este mes de septiembre una nueva regulación sobre la inversión en bienes tangibles, que pueda acotar de una vez por todas este tipo de actividad, después de que el PP lo mandara a las autoridades de Consumo hace dos años con una enmienda en el Senado. Desde Economía rechazan de plano que se les alertara de esta cuestión cuando se traspasaron los poderes hace dos años. Su idea es mantener la calificación de este tipo de sociedades como mercantiles, aunque las normas que vayan a enmarcar su actividad sean las propias de cualquier entidad financiera: es una inversión con un rendimiento fijo y periódico que depende de la cantidad que se gaste en comprar los sellos y del tiempo que se pretenda mantener.

Fondo de ayuda
En el Ministerio y en el seno del Partido Socialista se debate la necesidad de crear un fondo de ayuda para los afectados. Dada la envergadura del problema, la cantidad con la que se trabaja es muy alta, de forma que puede pensarse incluso en dotar ese fondo, pero aplazar su coste a más de un periodo presupuestario. Una vez tomada esa decisión, lo que supondría admitir la responsabilidad patrimonial del Estado en el tema (algo insólito en cualquier escándalo financiero similar que se haya producido en este país), la cuestión está en justificar su reparto. El Gobierno no quiere enfrentarse a medio plazo a un precedente contrario a lo que hasta ahora ha decretado el Tribunal Supremo en este tipo de conflictos, y ver cómo le llueven las reclamaciones de inversores arriesgados azotados por las circunstancias del mercado y las actuaciones del Ejecutivo.
Aunque los más indignados con la Administración son los clientes de las compañías, la situación de los trabajadores de Afinsa y Fórum no es mucho mejor, y también reclaman al Estado que asuma su responsabilidad.

Los empleados se quejan
"Hasta ahora sólo se habla de la situación de los clientes. ¿Pero qué pasa con los trabajadores?", pregunta Eva Fazanes, la esposa de un asesor de Afinsa que llevaba 15 años trabajando para la empresa. "Nadie se acuerda de ellos y lo único que escuchamos es o que somos igual de estafadores que la empresa, o que no se pague a los que están todos los días en la oficina trabajando por orden del administrador judicial. ¿Qué quieren, que trabajen gratis?".
Los empleados de las compañías han hecho una piña con los antiguos directivos, y siguen confiando en ellos con una fe ciega. "Estamos muy esperanzados ante el plan de viabilidad que han presentado los ex directivos", afirma Álvaro Sánchez Carrasco, presidente de la Asociación de Trabajadores de Afinsa. "La compañía no se encuentra en esta situación por una mala gestión, sino por la intervención". Sánchez Carrasco vaticina un otoño "calentito". "Nos seguiremos movilizando, porque creemos, como los clientes, que el Gobierno es responsable y debe asumir su parte".

 

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